Era el año 1997. Las calles de Colombia olían a guerra y sangre. El paramilitarismo dejaba su rastro e impronta de dolor tras las masacres de Mapiripán y El Aro. Era el mismo año de protestas por el proceso 8000. Y también el año en que Diomedes Díaz se envolvía en el escándalo de la muerte de Doris Adriana Niño. Quizás muchos asuntos para que el país volcara su mirada y se diera cuenta que en un lejano municipio, muy en las entrañas del Atlántico, un amplio número de hombres y mujeres estaba emigrando masivamente hacia Venezuela. 

Desde Manatí, al sur del departamento, decenas de maletas eran empacadas rumbo a la tierra del “comandante” Hugo Chávez. Una de esas maletas era la de Elvira del Socorro González Ariza, una manatiera de 38 años, que vio en la salida del país la realización de sus sueños y el crecimiento de su familia. Pero hoy, 19 años después recuerda cada episodio que vivió en los últimos tres años y como todo lo que había construido, cuando salió de su pueblo natal cargando 100 mil pesos y a sus dos hijos mayores, se vino abajo por la crisis humanitaria que atraviesa el vecino país. 

Al igual que ella, cientos de atlanticenses han retornado buscando un auxilio al hambre incesante y a la marginación a la que estaban siendo sometidos. Sin embargo, al volver a Colombia se han encontrado con una situación de desamparo en la que el Gobierno para recibirlos como retornados les exige documentación apostillada de Venezuela, requisito que para la mayoría es el tiquete que les garantiza el olvido porque aseguran que no volverán al lugar que los obligó a este doloroso éxodo.  

Elvira y el sufrimiento por sus hijos

Llegar a Manatí es encontrarse con una inmensa estructura de hierro que saluda a los visitantes con un ‘Bienvenido’, decorada por la silueta de dos mamíferos que llevan el mismo nombre del municipio. No obstante, para Elvira del Socorro llegar a Manatí es recordar que aunque vuelve a Colombia con su esposo y tres hijos, deja en Venezuela a otros dos de sus retoños para quienes no le alcanzó el dinero que su familia recolectó y le mandó con el fin de que pudieran retornar. 

“Me fui en el 97. Tengo un mes que llegué. Yo salí de Venezuela el 22 de julio. Tengo dos niños que dejé allá. No me los pude traer porque no tenía los cobres (dinero) para traerme a toda mi familia. Al principio era feliz, se conseguía todo, pero ahora no, ahora no se consigue nada”, contó la mujer. “Hacíamos colas todo el día para poder comprar comida, luego pusieron un requisito que era con huella y así ya los colombianos no comprábamos porque había que tener la cédula de allá y nosotros no pudimos sacarla”.

A Colombia Elvira del Socorro se vino con sus dos hijas, María, de 14 años, y Melany, de 3, pues un mes antes su esposo y su hijo mayor Edison, con el que hace 19 años emigró, ya habían vuelto. La travesía de regreso no fue fácil pues le tocó pagar 1.000 bolívares para que las trajeran en varios medios, terrestres y marítimos, evadiendo controles migratorios que según contó “dificultan y retrasan los viajes”.  

Aún así, considera González Ariza ese camino de regreso no ha sido lo más difícil, sino saber que está sin empleo y sin una fuente monetaria que le permita ahorrar dinero y regresar por sus hijos Wilson, de 17, y Duvan, de 15, quienes “se quedaron con vecinos que les dan de comer, pero no sabemos más nada de ellos y eso me duele. No tenemos ayudas, nosotros no sabemos a dónde ir”. 

“Mi esposo ahorita se está ganando un día de trabajo que solo son 20 mil pesos. Y somos una familia grande, eso no alcanza. Por eso aquí cuando se desayuna, no se almuerza, sino que se vuelve a comer en la noche. O si se almuerza no se desayuna… Son 19 años que yo salí de mi país, no tenemos nada, no tenemos dormitorio, estamos aquí arrimados nuevamente, con la ayuda de mi hermana. Dormimos prácticamente en el suelo porque hay una sola cama, entonces tenemos que tirar los dos colchonsitos en el suelo para podernos acomodar”, relató.

¿Qué dicen las autoridades sobre el tema?

El Secretario del Interior del Atlántico, Guillermo Polo, pidió a la Cancillería que flexibilice la forma como está aceptando el registro de los retornados para que así estos puedan acceder a ofertas laborales, educativas y de salud, como desea hacerlo Elvira del Socorro González, y a la vez se facilite el registro departamental de los migrantes “pues las cifras por registro administrativo no son coincidentes ni confiables entre las instituciones con relación al número de población migrante retornada y migrante irregular”.

En un informe presentado por la Gobernación a Zona Cero se rinde cuenta de que el departamento del Atlántico es uno de los territorios receptores más importantes de población retornada, venezolana o colombo venezolana que se encontraba radicada en Venezuela y que por la situación generada en el vecino país se han regresado a Colombia; muchos de ellos ubicándose con sus familias en la Costa Atlántica, interpelando a los gobiernos locales sobre su capacidad de respuesta humanitaria, económica y social.

“De acuerdo con los cálculos preliminares, en los últimos dos años, desde que se produjo la emergencia en la frontera se reportan 22.302 personas que han regresado a Colombia a través de diferentes puntos fronterizos informales (RUD – UNGRD). Sin embargo este número se espera sea superior, por cuanto muchas personas no se registraron en la Unidad de Gestión de Riesgo tal como se dispuso durante la emergencia”, señala el informe según el cual para Barranquilla se reportan 12 mil migrantes al 2016. 

“El comportamiento de la llegada masiva a los municipios, sin que sean cifras oficiales, pues no hay un registro riguroso de esta población por parte de los gobiernos locales, es la siguiente: en Soledad hay 5.000 personas; en Sabanalarga aproximadamente 2.000; en Campo de la Cruz 2.500; en Candelaria reportan 1.500; en Polonuevo hay 40; en Piojó una; en Palmar de Varela informan de 5; en Sabanagrande hay más de 100; en Santa Lucía cerca de 200; en Ponedera 1.500 y en Juan de Acosta la Alcaldía no ha recibido casos”, precisa el documento en el que brilla por su ausencia la lista de personas que han llegado a Manatí, donde muchas personas como es el caso de Elvira del Socorro González y su familia han preferido no reportarse porque alegan desconocer el procedimiento. 

A la par de Elvira, como aseguran otros retornados que están habitando el municipio, “si se cuenta el número de gente que está en Manatí se llega a más de 100, pero a nosotros la alcaldía no nos ayuda”. 

El secretario del Interior explicó que la capacidad institucional de las alcaldías se ha visto desbordada por la cantidad de solicitudes de los migrantes. “Un número importante de esta población tiene arraigo en los municipios del sur del departamento, donde los gobiernos locales tienen baja capacidad de respuesta, y donde la pobreza multidimensional es mayor. Adicionalmente, no se ha dispuesto por la Cancillería un acompañamiento más cercano a estos municipios”.

Lo que Elvira y su familia piden

María, de 14 años, hija de Elvira, asegura que no quiere volver a Venezuela por los difíciles episodios que le tocó vivir en los que incluso a su corta edad le tocaba pelearse con los guardias de las filas y con ‘bachaqueros’ (personas que compran comida y la revenden a un precio mayor) para poder tener una bolsa de harina para hacer arepas y alimentarse. 

“Nosotros hemos pasado un martirio y estudiar es lo que quiero. Quiero terminar el bachillerato, quiero estudiar enfermería para ayudar a la gente y prestar las ayudas que yo no he tenido, ni mi familia. No quiero que más gente pase por esto y por eso quiero convertirme en una profesional”, aseguró.

Ante esto, en Zona Cero consultamos al cuerpo docente de las instituciones de Manatí sobre el proceso educativo que María y otros niños y jóvenes en condiciones similares atraviesan. Todos coincidieron en que a ningún niño se le está negando el derecho a la educación, incluso si se presentan sin documentación. 

“En vista de esta problemática el Mineducación expidió una directiva que ordena recibir a todos los niños en el servicio educativo, de no excluir a ningún niño por falta de documentación o identificación. La obligación de las escuelas es recibir a todos los niños y vincularlos al servicio educativo", aseguró Vicente Mercado Rizo, coordinador de la Institución Educativa Normal Superior de Manatí.

"Solo hay que recibir el testimonio de los padres, ver en qué curso estaban e incluirlos o hacerles un examen para evaluar el grado al que entrará. Así por ejemplo en lo que ha sido el primer semestre de 2016 recibimos en la Normal Superior de Manatí a 20 niños, pero en lo que va del segundo semestre la demanda ha sido mayor porque cada día vienen más niños con sus padres y el censo total aún no se tiene mientras recibimos a los que nos han hecho las solicitudes de estudio”, añadió.

“Ya casi voy a cumplir los 15 años y sí, yo quiero una fiesta como la que le hacen a todas las niñas de mi edad, pero yo sé por lo que está pasando mi familia y no les puedo exigir a mis papás, yo voy a aceptar lo que ellos me den y ojalá podamos traer a mis hermanos”, narró la adolescente.

Por último, Elvira del Socorro pidió que las autoridades hagan un censo en Manatí y sepan que “aquí también estamos”. 

“Solo quiero que me ayuden a traer a mis hijos, ellos están pasando hambre allá y ya no me han llamado. Que me ayuden a registrar a las niñas que ellas son venezolanas para que no nos nieguen los servicios. Ya fuimos a hacer las vueltas del Sisbén pero nos los van a dar a finales de septiembre y a la niña le han salido unas yagas y no tenemos cómo atenderla, nosotros solo queremos que nos ayuden”, puntualizó entre lágrimas González Ariza.